El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley relativa a la publicidad sanitaria. El objetivo es “desarrollar un marco normativo para que todas las comunicaciones comerciales en materia sanitaria sean exactas y verídicas”, con el fin de fomentar la seguridad del paciente. Actualmente, no existe una normativa clara respecto a esta publicidad, el sistema de control es prácticamente inexistente y las competencias de las Administraciones están poco delimitadas, por lo que los pacientes no están protegidos como deberían. 
 

El texto contempla “una mayor colaboración por parte de las Administraciones Públicas” en todos los aspectos relacionados con la publicidad sanitaria y sus formas de comunicación (modelo tradicional, redes sociales, páginas web…). Asimismo, pide que la publicidad de actividades sanitarias (destinada al público) requiera de autorización previa, y que la de prestaciones sanitarias (destinada a profesionales sanitarios) se someta a control por parte de la Administración. Para dichas autorizaciones se contará con las valoraciones de las Organizaciones Colegiales Sanitarias, pues se trata de una “cuestión deontológica”. 
 

La PL especifica también las actuaciones publicitarias que no estarían permitidas: uso de famosos, de certificaciones de garantías, de premios, de regalos de descuentos y para el fomento del consumo, y destacar que se destina parte del coste a organizaciones sin ánimo de lucro. Por otro lado, establece un sistema de sanciones y de cesación de actividades para aquellos que no cumplan la normativa.
 

El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, valora de forma muy positiva esta PL del Partido Popular y considera necesario que los demás partidos la apoyen, ya que la falta de una ley de publicidad sanitaria ha permitido que determinadas empresas puedan mercantilizar libremente con la salud de los ciudadanos. Además, insiste en que la publicidad sanitaria “precisa de una especial atención por parte del legislador y de un papel garante de la Administración Pública”.